No debemos cansarnos de profesar que la relación entre el Estado comprador y sus proveedores es una relación de colaboración, de mutua dependencia y un ganar-ganar. Socios estratégicos o amigos por conveniencia; pero nunca enemigos. ¿Se dejaría usted atender por un médico, cocinero o barbero a quien considere su enemigo a muerte? Claro que no, buscará a uno de confianza, y le pagará con gusto, si el trabajo es satisfactorio, para beneficio de ambos, al fin y al cabo nos necesitamos, y no queremos pasar la vida enfermos, cocinando siempre nuestros propios alimentos o con las barbas de Matusalén.

Cuando la contratación es justa, legal y transparente, todos ganan. El proveedor coloca sus bienes y servicios, su negocio fluye y crece, y el Grupo ICE satisface sus necesidades de forma oportuna, por ejemplo en el sector de telecomunicaciones, donde la competencia es fuerte, y más versátil en muchos campos, incluyendo la capacidad de comprar mejores servicios a menores precios.

Los errores del ICE en perjuicio de sus proveedores, y de sus propios intereses, parecen ser más que una excepción a la regla, y la actitud no parece la de un amigo o socio. Las empresas proveedoras del ICE se enfrentan a un riesgo más allá del riesgo legal, de mercado o tecnológico, entre otros, y es el “riesgo ICE”. Difícil de conceptualizar el “riesgo ICE” es un riego moral: no se puede confiar en el ICE, su capacidad de apegarse a las normas, a los contratos y sobre todo, a la buena fe en los negocios.

El “riesgo ICE” es la probabilidad de que suceda cualquier cosa en perjuicio de empresario poco previsible, y que de preverse, no se puede evitar, ni sus consecuencias. Lejos de un conjetura, esto es una experiencia de vida para muchas empresas

Dos experiencias de semanas pasadas ilustran el tema:

– Limitada capacidad de reaccionar de forma constructiva durante el estudio de ofertas: Durante el estudio de ofertas en un concurso público, se llega a la parte donde se da oportunidad a los ofertes pre seleccionados de hacer mejoras de precio, por medio de una nueva oferta económica. Por una confusión interna, el ICE llama a una segunda de mejora de precios (aunque el cartel solo establecía una) y los ofertes pre seleccionados presentan las ofertas. Esta segunda mejora de precios le brindó efectivamente un mejor precio, ya que una empresa más competitiva, sin caer en condición de ruinosa (dumping) rebajó decenas de millones de colones a su precio. En vez de aprovechar esta mejor condición, de una sola vez, el ICE se enreda en discusiones eternas y sin norte, su línea de actuación está lejos de ser clara y el poder público es utilizado en forma más que confusa. Se refugia en una maraña de consultas internas parciales a una Dirección Legal sin dirección, para no adjudicar la mejor oferta.  El principio constitucional de eficiencia y eficacia en las compras públicas queda de lado. El proveedor que presentó la mejora oferta en segunda ronda queda perplejo y el ICE pagará más dinero por el servicio, varias decenas de millones. Sus costos de operación serán mayores a los de las otras empresas regionales capaces de negociar un solo contrato para un proveedor en varios países, con economías de escala. Cada vez es menos competitivo ¿Cómo hubiesen actuado sus competidores directos en situaciones como estas? Todos sabemos la respuesta.

– Secuelas del negocio de Cable Visión: La compra, y pronta destrucción del valor de la cablera por parte del ICE, será recordada como uno de los peores negocios, cuyos autores intelectuales no merecen la confianza para administrar ni la pulpería de barrio más pobre. La impunidad a lo interno del ICE resta credibilidad a la solvencia moral de su Junta Directiva y Gerencia, así como del Consejo del Gobierno, su asamblea de accionistas. En un intento de disipar su responsabilidad del fracaso por parte de funcionarios del Grupo ICE, proveedores del Cable Visión vieron cómo se les achacaron incumplimientos contractuales inexistentes, y en el caso de uno de mis clientes, terminó con un proceso ejecutivo de cobro por parte del ICE, de una deuda de Cable Visión por un falso incumplimiento contractual,  proceso judicial que inició, cuando la cablera ya había cerrado operación. Afortunadamente la defectuosa demanda no tenía sustento (¿otra mala praxis o cortina de humo?), y el título ejecutivo no tenía validez, lo que dio lugar al rechazo de la demanda y condena en costas por parte del JUZGADO ESPECIALIZADO DE COBRO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA, este mes de enero.

Las actuaciones abusivas del ICE contra sus proveedores son un desconocimiento de la esencia de la actividad de compras públicas, y muchas veces en ellas se abusa del poder público aplicando penalizaciones injustas, dando término anticipado a contratos por incumplimientos inexistentes o desconociendo el derecho al reajuste y revisión del precio. Más allá de los casos concretos, y de la discusión en torno al fondo de ellos, se percibe un error conceptual a la hora de gerenciar la relación con los proveedores, siempre a la sombra de la poca solvencia moral de los órganos directivos y gerenciales, que ha tenido cierta renovación; pero arrastra todavía el daño de los casos como Alcatel y supuestos sobornos a expresidentes de la República, como la punta de un iceberg.

No queremos apoyar la impunidad, sino la justicia y la igualdad de trato.

¿Soluciones? Las hay en diferentes dimensiones de la organización.

1) Alta dirección y compras públicas. La primera proviene de la dirección misma de la empresa, de su Junta Directiva. Conformada por siete miembros, cinco de ellos ingenieros, tal vez ocupa más visión gerencial en la parte de adquisiciones. Es prestarle atención a esta parte y transmitir a la organización un nueva forma de concebir la relación con los proveedores y una claridad ética incuestionable.

2) Gerencia. Si bien en el día a día los gerentes de operaciones, telecomunicaciones y electricidad deben gestionar los asuntos de mayor peso, los bienes y servicios requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos son determinantes. La compra no es solo un asunto de la Proveeduría, es sin duda un asunto gerencial: la calidad, el calce de las compras, la justa relación de precio, la lucha contra la corrupción y la relación apropiada con los proveedores, en el marco de legalidad. Sobre todo compras competitivas para beneficiarse de ello y bajar costos; no carteles dirigidos, copiados de machotes de años atrás y ambiguos, fiscalizadores sin formación y experiencia.

3) Jefaturas y fiscalizadores de contrato: Estos niveles son la cara del ICE frente a sus proveedores y deben manejar las reglas de juego. Hablamos de las reglas propias del Reglamento al título II de la Ley 8660 y en unos meses ya, la nueva Ley General de Compras Públicas, las reglas técnicas del objeto contractual y las reglas de la buena fe en los negocios. Apegarse a la literalidad de los carteles no basta, los negocios están en una dinámica, más allá del papel. Ahora el ICE tendrá que aplicar las reglas del resto de las instituciones del Estado. Ya no aplicará más las condiciones del citado Reglamento.

Desde afuera, muchos podríamos tener la percepción de que ninguno de los tres niveles del ICE tiene claridad y una línea gerencial para un tratamiento uniforme del asunto, desde la Junta Directiva, hasta el ingeniero que debe dar la cara al proveedor, exigirle el cumplimiento del contrato y valorar los hechos, de forma justa, ante diferencias entre las partes, o posibles incumplimientos de estos.

A hoy, la falta de una línea gerencial del ICE, las contradicciones internas y el “riesgo moral” son tan determinantes para sus proveedores, como la características técnicas y precio de su oferta. La relación es simple, más riesgo, mayor precio.

Volver a la confianza y la buena fe a los contratos públicos, uno de los grandes retos de la institucionalidad, que son sobre todo eso, actos de fe. Para la empresa aplica eso de que “hombre precavido vale por dos” tomando las previsiones del caso, ocupándose de cumplir y reaccionar oportunamente,  pues la exposición al uso abusivo por parte del Estado es una constante, que se pase por alto argumentos del contratista en cualquier situación y una remisión casi automática a la vía contenciosa, a falta de una cultura de resolución alterna de conflictos.